A Carlos Monsiváis,
In memoriam
Finalmente toda búsqueda de la verdad jurídica se encomienda a la subjetividad de los jueces. Véasele como se le vea, el grupo de magistrados de la Suprema Corte de Justicia siempre tendrá más de un argumento, jurisprudencias, citas de Recansens Siches y de Platón, para abonar y justificar cualquier resolución, a favor o en contra, negra o blanca, justa o injusta.
Es imposible que esa subjetividad escape a los ingredientes propios de la condición humana: las creencias, los intereses, la ideología personal, la clase social a la que se pertenece, el monto de los sueldos que se reciben e incluso las emociones. Todo cuenta. Todo influye. Y en casi todos los casos, por imperativos de la chamba y de la carrera profesional, e incluso por sincera convicción para defender a una institución como la del Seguro Social, se termina por favorecer a quienes detentan el poder. Tan es así el criterio subjetivo, que cinco de seis miembros de la Suprema Corte estimaron correcto el proyecto del ministro Arturo Zaldívar en el sentido de que sí había que atribuir responsabilidades a los funcionarios públicos que ejercían su cargo cuando el cinco de junio de 2009 se incendió la guardería de Hermosillo y murieron 49 niños. Es tal la subjetividad propia del oficio de juzgar que en algunos países el presidente escoge a los ministros según sean conservadores o liberales.
En la historia más reciente sobre violación a las garantías individuales, la Suprema Corte ha exonerado de toda responsabilidad al gobernador de Puebla, Mario Marín (en el caso de Lydia Cacho); al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; al ex titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, y al ex coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes, al sostener que en el caso de Atenco sí hubo graves violaciones pero que sólo eran imputables a los policías que directamente ejecutaron el operativo. Diferente fue el caso de Oaxaca, cuando la SCJ señaló de manera directa al gobernador Ulises Ruiz como responsable por la violación de garantías, aunque no se ha podido saber qué consecuencias tangibles tuvo esta resolución.
Los ministros que formalizaron la impunidad de Juan Molinar Horcasitas, Eduardo Bours y, entre otros, Daniel Karam, asumieron un carácter pragmático en su interpretación. Atendieron más al derecho, a la letra de la ley, que a la justicia. Uno de ellos se puso metafísico y se demoró en dilucidaciones medievales sobre las diferencias entre ética y moral. Lo que no está en la ley no está en el mundo.
El ministro Arturo Zaldívar, actualizado y riguroso, invocaba tanto el poder extraordinario de la Suprema Corte mexicana como su creatividad jurídica y aspiraba a “un nuevo paradigma para entender que el ostentar un cargo público es de una gran responsabilidad”. Optimista, creía que ya no vivimos en un México en que pasan cosas y no pasa nada: “Cuarenta y nueve niños muertos son 49 razones que nos comprometen. Si la muerte no es suficiente, ¿qué tiene qué pasar en este país para que actuemos con energía?”.
Si escatimar la justicia en México es un asunto de conveniencia o no para el Estado, un asunto de jerarquías políticas y de clases sociales, entonces la labor de nuestros ministros de 400 mil pesos mensuales termina por parecerse al vicio solitario.
Links:
[1] http://federicocampbell.blogspot.com/
[2] http://milenio.disqus.com/?url=ref