Las bombas caseras colocadas en septiembre por un grupo de jóvenes vegetarianos y ecologistas de la Ciudad de México son mucho y no son nada. Son quizá un síntoma del nauseabundo ambiente político y social, pero no significan una amenaza real para la estabilidad nacional. En Guerrero es donde existe una explosión social y un esfuerzo militar para sofocarla. Ahí la posibilidad de que haya un estallido, y no precisamente de gas butano, es real.
En abril y mayo de este año, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), organización político militar clandestina que se escindió del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a finales de los años noventa, lanzó una serie de mensajes de advertencia. Ramiro, uno de los comandantes más conocidos del grupo dio una serie de entrevistas a representantes de diversos medios locales y nacionales, entre estos M Semanal.
El miliciano dijo que un grupo de Joaquín El Chapo Guzmán participaba en las labores de contrainsurgencia del Ejército Mexicano en la región y que los enfrentamientos en la sierra entre militares y guerrilleros eran habituales, aunque no fueran conocidos por la opinión pública. Ramiro habló de hasta 100 muertes desconocidas por la prensa o camufladas por las autoridades como accidentes o situaciones estrictamente relacionadas con el crimen organizado. La otra cara de la moneda es que el Ejército acusa al ERPI de estar coludido con el narco.
Unos cuantos días después de estas entrevistas, el Ejército ocupó diversas comunidades de la serranía en las cuales suponía que se habían llevado a cabo los encuentros entre reporteros y erpistas. Los soldados permanecieron durante cuatro noches en los poblados interrogando y hostigando a los habitantes, a quienes acusaban de ser guerrilleros o, peor aún, de protegerlos.
Un par de periodistas adscritos a The Washington Post y destacamentados en México decidió acudir hasta una de estas lejanas comunidades de Guerrero. Ambos periodistas habían recopilado una larga y muy seria lista de quejas contra las fuerzas armadas por su papel en “la guerra contra el narco” lanzada por el gobierno de Felipe Calderón. Al día siguiente de la publicación de este reportaje, el Departamento de Estado estadunidense criticó al gobierno mexicano. Las tropas abandonaron rápidamente las comunidades y se inició una estrategia no militar sino primordialmente mediática desde la residencia oficial de Los Pinos, la cual incluyó la presentación de un ex policía judicial, Dimas Díaz, a quien se le adjudicó la planeación de un atentado para matar al presidente Calderón por órdenes, precisamente, del cártel de Sinaloa.
¿Qué tiene que ver el supuesto atentado contra el presidente y las denuncias internacionales de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército? Que un día después de la conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Seguridad Pública federal, contra la cual cada vez hay más sospechas de que fabrican realidades mediáticas, el presidente Calderón viajó a Colombia y fue recibido como un héroe latinoamericano amenazado por el narco. Nadie se acordó de las críticas lanzadas en la prensa internacional por los abusos militares cuyo epicentro fue el estado de Guerrero.
Pero un día de estos Guerrero va a estallar.
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