Ilustración: Eduardo Salgado

Mucho se habla en México del espionaje a personas públicas y del que realizan las organizaciones criminales para penetrar a la sociedad, para no hablar del que realiza Estados Unidos (EU) o el de las autoridades responsables de ejercer ese tipo de actividades. Sin embargo, poco se comenta del espionaje industrial y de la deficiente legislación para combatirlo.

Esta práctica no se contempla como un delito, lo que obliga a equipararlo con otros para determinar la tipología penal. El hecho es que difícilmente llevan a alguien a prisión por el espionaje industrial, delito que anualmente en promedio causa daños por unos 70 mil millones de dólares en todo el mundo, según la revista Forbes.

El Código Penal Federal (CPF) contempla delitos “en materia de vías de comunicación y de correspondencia”, la “revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”, y las violaciones a la Ley de Propiedad Industrial “en el capítulo de secretos industriales”. Sobre el espionaje como tal —que sí se castiga en países como EU—, los códigos y leyes mexicanas no mencionan nada.

Alejandro Desfassiaux, presidente del Grupo Multisistemas de Seguridad, una de las empresas dedicadas no sólo a la seguridad privada sino también a analizar el fenómeno de la violencia en México, advierte que en el 2011 el espionaje en el país se duplicó.

Explica que una de cada 10 compañías ha sufrido robo de información, y que este delito presenta una enorme tasa de impunidad, ya que alcanza más de 97 por ciento de delitos sin castigar. Lo que ocurre con el llamado espionaje industrial es que, en términos reales, se ha traducido en los últimos tres años en pérdidas de alrededor del 35 por ciento de las utilidades en empresas grandes.

Mientras esto sigue ocurriendo, algunas pequeñas y medianas empresas consideran que el espionaje industrial disminuye hasta en un 70 por ciento su valor en el mercado; pero sus dueños no hacen prácticamente nada para combatirlo a fondo con medidas de prevención, lo que se refleja en el robo de secretos, en la sustracción de innovaciones y de estrategias empresariales.

Desfassiaux señala que en México el espionaje se dio con fines económicos en el 56 por ciento de los casos conocidos; además, este delito prácticamente no es denunciado por la impunidad que lo rodea y por el daño que causa a la imagen de la empresa que lo sufre.

La información disponible de la empresa Multisistemas de Seguridad revela que en 2011 el 25 por ciento de los actos de espionaje estuvieron ligados a homicidios; el nueve por ciento, a causar temor a las personas mediante amenazas posteriores a la obtención de datos e información confidencial; el tres por ciento con fines sexuales, para chantajear a las personas o para obtener información sobre comportamientos privados, y el uno por ciento para evadir o repeler acciones de autoridad.

NEGLIGENCIA Y MIEDO

Para los analistas de Espionaje y Contraespionaje México (ECM), empresa especializada en esta área de la seguridad, la negligencia o la falta de cultura de prevención de los empresarios juegan un papel fundamental en el crecimiento del espionaje industrial y no común.

El que va a cometer el espionaje no escatimará gastos para obtener lo que busca. El punto fundamental radica en que siempre la recompensa que logrará será mayor que el gasto a hacer. Ahí está la clave para entender a quien espía, señalan especialistas de la empresa.

En cambio, agregan, la parte vulnerable, el espiado, normalmente tratará de reducir al mínimo posible el presupuesto económico para una defensa normalmente pobre e inadecuada, y siempre el daño recibido será mayor, sin comparación, a lo invertido en su defensa instalada. En países donde no existe la cultura de prevención y seguridad, la brecha de presupuestos de las dos partes será mayor. Ese es el caso de México, añaden.

Rubén Fajardo Correa, director de Consultoría del Centro Internacional de Desarrollo y Consultoría, coincide en la apreciación, y explica que el factor que priva entre los empresarios para no denunciar y para asumir una actitud reactiva en lugar de prevenir y protegerse para evitar ataques, es el temor al daño que puede sufrir la imagen de la compañía.

Es algo natural y entendible, dice, porque los grandes y medianos consorcios que son objeto de ataques, de espionaje en mayor escala y de manera constante, cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y para ellos el reconocer o difundir que han sido espiados implica la pérdida de confianza y la fractura de su imagen ante sus socios y ante un sector de la sociedad.

Esto es algo real y con consecuencias delicadas para ellos, pero a la larga el daño va a ser mayor porque los empresarios no denuncian, no presionan para que haya cambios en las leyes y terminan a veces invirtiendo mal en remedios para sus industrias. Prefieren comprar equipos y sistemas para salir del problema en lugar de desarrollar una cultura de prevención que evite los graves riesgos de ser objeto de espionaje.

Hoy, un espía o un grupo de espías contratados para vulnerar la seguridad de una empresa mediana o grande, pueden gastar entre 30 mil y 40 mil dólares en equipo sofisticado que se adquiere aquí o en Miami. Para defenderse de esto no es necesario ir al extranjero; aquí existen compañías con la tecnología y la gente preparada para hacerle frente a estas situaciones, detalla Fajardo.

El problema es que la falta de una cultura y de una convicción por parte de los empresarios mexicanos para protegerse, crea círculos viciosos y la gente acaba buscando apoyo y respuestas cuando ya es demasiado tarde, agrega el especialista.

COSA FÁCIL

En su análisis, los asesores de ECM señalan que el espionaje ha crecido mucho en el país “debido a la falta absoluta de una cultura de prevención y seguridad de la nación”. Esto ha convertido al espionaje en “el deporte ilícito nacional de preferencia; en México espiar es sencillo”, advierten.

Explican que los que buscan enfrentar el problema lo hacen, lamentablemente, después del ataque de espionaje; implementan una protección que ellos consideran atinada y no la recomendada por el servicio profesional de contraespionaje, y la tratan de reducir al mínimo posible en lo económico. Tardan mucho tiempo en adquirirla y aplicarla; pueden pasar meses o años para su implantación.

Esta “seudoprotección” es, en términos reales, limitada, no apta, vulnerable y poco adaptable a nuevos ataques de espionaje, lo que lleva finalmente a la creación de un círculo vicioso, señalan los especialistas consultados.

En cuanto a la pertinencia de denunciar el espionaje ante autoridades como la Procuraduría General de la República (PGR), los expertos señalan que “sólo un cinco por ciento de los afectados llega a denunciar los hechos. En la mayoría de los casos, su objetivo principal es el de tratar de crear un antecedente oficial del reporte del ilícito cometido en contra de ellos para protección legal en el futuro”.

La esperanza para resolver el caso es nula y de antemano el cliente no considera, ni por un segundo, encontrar a los culpables. De hecho, los únicos casos en que los políticos denuncian esta práctica es cuando han sido evidenciados y ridiculizados en medios de comunicación.

RÍO REVUELTO…

El panorama para combatir al espionaje industrial es en verdad sombrío, por laxitud y falta de precisión de las leyes mexicanas y porque el actual clima violento en el país ha favorecido el incremento de este tipo de delitos. La migración de cientos de pequeños y medianos empresarios desde el norte del país hacia el centro y el sur del territorio es una consecuencia de ello.

En septiembre de 2011, la secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, Laura Velázquez, señalaba que en los tres últimos años alrededor de mil 650 empresas de Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Coahuila y Durango habían emigrado a la capital del país o a sus alrededores en busca de un clima de tranquilidad y de mejores condiciones para seguir creciendo.

Esas entidades son las que han registrado el mayor número de ciberataques y de intrusiones con toda clase de aditamentos y software espía, advierte la firma Multisistemas de Seguridad Industrial.

Decenas de empresas del ramo de la seguridad han proliferado desde hace cinco años con la oferta de toda clase de productos para el espionaje y el contraespionaje en México; pero, ante la falta de control de las autoridades, estas compañías no ofrecen servicios especializados de seguridad privada porque sólo son abastecedoras o distribuidoras de tecnología para labores de recolección de información o vigilancia electrónica e informática.

La Secretaría de Seguridad Pública federal tiene registradas en su sitio de internet, al 31 de diciembre de 2011, a 803 empresas de seguridad privada. Casi todas se dedican al resguardo de instalaciones, al traslado de valores, a brindar seguridad perimetral y al servicio de escoltas. Sólo un puñado se dedica a combatir el espionaje industrial como tal o el espionaje a secas.

El Consejo Nacional de Seguridad Privada dice tener registradas a poco más de 200 empresas de seguridad. En su página se puede acceder sólo a 54 de ellas. No todas cuentan con un sitio web para conocer lo que ofrecen y mucho menos para saber quiénes están detrás de ellas. Sólo ocho mencionan de manera específica términos como contrainteligencia, seguridad de la información o seguridad informática.

En su edición 2011, el Directorio de la Industria de Seguridad en México ofrece información de 250 compañías divididas en 31 especialidades. En ese listado sólo 18 ofrecen servicios de Seguridad de la Información, otras 28 se anuncian como prestadoras de servicios de Seguridad Industrial y siete más de Seguridad Privada.

Voceros de empresas líderes que sí ofrecen asesoría de contrainteligencia para combatir el espionaje industrial, señalan que en todo el país no existen más de 35 o 40 empresas dedicadas a contrarrestar el espionaje industrial. Pero éste, como se explicó, no se tipifica como delito. El CPF lo observa sólo para casos de seguridad nacional y territorial en asuntos militares. (artículos 127, 128 y 129).

Los casos de espionaje industrial o gubernamental tienen que encasillarse y adaptarse a lo escasamente establecido, ya que no se vuelve a mencionar el término espionaje como tal en:

a) Delitos en materia de vías de comunicación y de correspondencia (artículo 167 del CPF).

b) Revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática (artículos 210, 211, 211 bis, 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6, y 211 bis 7 del CPF).

c) Ley de Propiedad Industrial en el capítulo de secretos industriales (artículos 82– 86 bis 1).

“En el mundo de la seguridad privada existe una frase muy común acerca de esta situación: hay dos tipos de ejecutivos: los que fueron espiados y los que van a ser espiados muy pronto”, concluye Fajardo Correa.