Por las muertas de Juárez, México será acusado ante la CIDH
Inicia en Chile la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los feminicidios en la ciudad fonteriza. Organismos de España y México exigen condenar al gobierno mexicano por irregularidades en el proceso.
- 2009-04-26 | Milenio semanal
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Madrid.- Con apoyo de abogados españoles, el gobierno de México será acusado esta semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable de las muertes de mujeres ocurridas en Ciudad Juárez. Es ése el objetivo del equipo conformado por dos abogados mexicanos y cuatro asociaciones civiles, con respaldo de juristas internacionales, que se presentarán en la audiencia que los siete ministros de la institución continental —uno de ellos el mexicano Sergio García Ramírez— celebran en Santiago de Chile el martes 28 de abril.
Será la primera vez que familiares de las mujeres víctimas de los homicidios en esa zona fronteriza de Chihuahua comparezcan ante un tribunal internacional, así como el primer caso de feminicidio que dictamine ese organismo judicial autónomo. También es la primera ocasión en que se acusa a un Estado de violar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como de Belém do Pará, por la localidad brasileña donde fue suscrita. Se espera que el resultado de la deliberación repercuta en la lucha contra la violencia de género en los continentes americano y europeo.
La demanda corresponde al caso “Campo Algodonero”, lugar baldío al oriente de Ciudad Juárez y uno de sus principales cruces fronterizos, donde ocho cuerpos femeninos en estado de descomposición fueron hallados en noviembre de 2001. Sólo tres de ellos, los correspondientes a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, han sido identificados. Los abogados David Peña Rodríguez y Karla Michel Salas Ramírez llevan la causa de estas tres mujeres en el sistema interamericano desde 2002, junto con la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).
“Juárez es emblemático porque afecta a un sector de la población muy vulnerable como es el de las mujeres, especialmente en Latinoamérica; han sido violadas, torturadas y asesinadas por el mero hecho de ser mujeres”, señaló Héctor Faúndez Ledesma, abogado chileno que asesora al equipo. El catedrático de derecho internacional, quien ha trabajado en condenas de la Corte a otros países latinoamericanos, afirmó a MILENIO
Semanal que esperan una condena ejemplar hacia México y que las autoridades asuman responsabilidad por violación de los derechos humanos, entre ellos la falta de un debido proceso y de garantías judiciales. El gobierno mexicano intentará demostrar que no ha violado las garantías individuales de las mujeres de Ciudad Juárez y que, pese a las desapariciones y homicidios desde 1993 a la fecha, sus acciones han sido adecuadas y efectivas, además de haber sancionado a los funcionarios que cometieron irregularidades, negligencias u omisiones.
La delegación defensora está integrada por una veintena de funcionarios, entre asesores y directivos de las áreas jurídica y de derechos humanos de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del gobierno estatal y la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, así como por el embajador de México en Chile, Mario Leal Campos. “Es una pena la poca importancia que da el Estado mexicano al caso y a la audiencia; es preocupante que las servidoras y servidores públicos que deben estar involucrados, como Guadalupe Morfín (titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas), el secretario de Gobernación, la presidenta del Inmujeres y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, estén ausentes”, consideró Salas Ramírez.
“Amigos de la Corte”
Luego de que la CIDH admitiera revisar el caso en 2005, presentara la demanda a la Corte en 2007 y se acercara la fecha de esta audiencia pública, se solicitó el apoyo de diversas organizaciones y expertos para que presentaran documentos como amicus curiae (“amigos de la corte”). Esta figura permite que instituciones o personas ajenas al juicio den una opinión jurídica a la Corte y llamen su atención para que haga ciertas consideraciones en la resolución del juicio. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que aglutina a los colegios de abogados y regula la profesión en ese país europeo, así como la Organización Mundial contra la Tortura y Track Impunity Always, se han sumado como tales. Contra la información transmitida por algunos medios de comunicación españoles en el sentido de que los ibéricos asumirían ahora la defensa, Emilio Ginés, abogado miembro del CGAE y asesor del equipo mexicano, enfatizó que sólo se limitan a hacer comentarios e intercambiar ideas y opiniones con sus colegas aztecas. “Como aquí en España tenemos experiencia en los temas de la mujer, pues estamos ahí trabajándolo”, expresó en conversación con MILENIO Semanal.
Junto con Ginés, estarán presentes en la capital chilena José María Prat Sabat, patrono de la Fundación del CGAE, y Mayte López Pérez-Cruz, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes. “El apoyo de todas las organizaciones es importante para dar seguimiento y fortalecer el debate en la Corte; también es importante que el caso permita la discusión y el avance del trabajo en favor de los derechos de las mujeres”, indicó Andrea Medina Rosas, integrante de Cladem en México.
Por qué “Campo Algodonero”
Los acusadores de las autoridades mexicanas consideran emblemático el caso de “Campo Algodonero” por reunir varias de las características comunes a las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El escritor Sergio González Rodríguez, quien recopiló en un libro su extensa investigación de estos sucesos, indica que la aparición simultánea de los cuerpos con signos de tortura, violación y mutilación de sus miembros permitía establecer un modus operandi ejecutado con malicia por parte de quienes los sembraron. “Los cuerpos habían estado en otra parte antes de ser depositados, incluso tenían huellas de refrigeración y otros signos que inquietaban porque se veía una alevosía, un dolo tal que resultaba fuera de lo común”, refirió en Madrid el autor de Huesos en el desierto (Anagrama, 2002). Esto ocurrió ocho años después de 1993, cuando inició el registro de homicidios de mujeres con características similares en esa población fronteriza, y supone que los gobiernos estatal y federal tenían suficiente información de los hechos y no previnieron los subsecuentes. En los últimos 15 años se han producido al menos 423 feminicidios de niñas y adultas en el municipio de Juárez, Chihuahua, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana. “Van por mujeres con un determinado perfil, las más desvalidas, cuyas familias no van a poder responder porque no tienen medios”, señaló Ginés, quien visitó la zona el año pasado invitado por el secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura, Eric Sottas.
Este caso también es paradigmático de la tenacidad de los familiares de las víctimas en su lucha por conseguir justicia y por respaldarse con asociaciones civiles para conseguirlo. Tras reunirse con algunas de las madres, Ginés reconoció sentirse “sobrecogido” por su desolación. “Nunca antes en mi carrera profesional había sentido esta necesidad de actuar como abogado como en Ciudad Juárez”, aseguró el 14 de abril en una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones de la CGAE.
Piedras en el camino
Para las cuatro organizaciones defensoras de los familiares de víctimas existe un patrón sistemático de negligencia e impunidad por parte de las autoridades chihuahuenses y federales. “En este caso encontramos gráficamente todos los vicios del gobierno y todas sus incompetencias: falta de investigación en las desapariciones, irregular levantamiento de los cadáveres, mal resguardo de pruebas, extravío de evidencias, fabricación de culpables, tortura, intercambio de cuerpos y de identificaciones forenses, nula investigación ministerial para sancionar a los responsables, complicidad gubernamental e impunidad”, detalló a MILENIO Semanal el abogado David Peña Rodríguez. Para González Rodríguez, los responsables de la procuración de justicia se han negado a investigar la posible responsabilidad de un grupo de poder de la ciudad con alcances en la Ciudad de México y otras partes de la República e incluso del mundo, vinculado a narcotraficantes, secuestradotes y violadores. Sede de un cártel de la droga que lleva su nombre, Ciudad Juárez es una de las poblaciones con más violencia en el país.
Dentro de la cronología de los sucesos realizada por quienes defienden a los familiares de las víctimas, está el caso de Gustavo González Meza, La Foca, consignado pocos días después del hallazgo de los ocho cuerpos de “Campo Algodonero”. El ocho de febrero 2002 González murió en prisión después de una operación por hernia inguinal en condiciones aún no aclaradas. Su abogado había sido asesinado meses antes por agentes de la policía judicial, quienes justificaron los hechos al señalar que lo habían confundido con un delincuente fugitivo.
Otro implicado, Víctor J. García Uribe, El Cerillo, fue sentenciado como culpable, pero en la apelación fue absuelto por falta de elementos en 2004. Desde entonces no hay ningún detenido por esta causa. “Después de siete años, el caso todavía se encuentra en investigación ministerial y nadie ha sido consignado por los homicidios; tampoco los funcionarios negligentes han sido sancionados por las faltas y delitos cometidos en torno al no acceso a la justicia”, manifestó Medina Rosas, de Cladem México.
Las ONG involucradas afirman que existen declaraciones públicas de fiscales y peritos que en su momento intervinieron en la investigación del caso y que afirmaron haber sido obligados por órdenes del procurador a “armar” el expediente y fabricar culpables para evitar la presión social. “El Estado ha consentido o se ha hecho cómplice al no investigar seriamente. Ha contribuido a que se pierda evidencia, a que ésta no haya sido recogida oportunamente, a alterarla al obtener confesiones por tortura, y a que éstas confesiones no concuerden con el acervo”, expresó el asesor jurídico Héctor Faúndez Ledesma.
En un informe donde evalúa las acciones de los tres niveles de gobierno para la solución del problema, la CNDH cuestiona a las autoridades su falta de resultados ante la incidencia criminal de los últimos 13 años. “No obstante las sumas millonarias que se han invertido en materia de procuración y administración de justicia, de atención a víctimas, de fortalecimiento del tejido social, y de políticas públicas con perspectiva de género, no se ha logrado hasta el momento prevenir el homicidio de más mujeres”, manifiesta el documento publicado en 2008.
La sentencia esperada
El fallo que se espera obtener incluye el resarcimiento del daño a los afectados, que consistiría tanto en una indemnización económica como en la reparación de la dignidad y honra de las víctimas. Asimismo, la Corte obligaría al Estado mexicano a que investigue seriamente los hechos y responsabilidades, y a que sancione tanto a los funcionarios involucrados en las violaciones señaladas como a los responsables materiales e intelectuales.
Tras la audiencia del martes 28 habrá un plazo de 40 días para que se presenten los escritos de argumentaciones finales, pruebas o respuestas a determinadas preguntas, tras lo cual se tendrá que esperar el resultado de la deliberación de la Corte, que podría darse a finales de este año o inicios de 2010. “Las organizaciones que representamos el caso hemos resaltado siempre que la voz de las madres exigiendo justicia es la voz que nunca ha escuchado el gobierno mexicano, y que hoy tiene que escuchar, atender y resolver; nosotros sólo somos un medio para replicar esas voces”, expresó Peña Rodríguez.
Una mirada al feminicidio
Ciudad Juárez no es el primer lugar en feminicidios en nuestro país. Tan sólo de agosto a diciembre de 2008 se registraron 246 homicidios de mujeres en 12 estados del país, reportó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), única organización con un banco de datos sobre el tema. Del total registrado, el Estado de México tiene el mayor número de casos, con 94, seguido por Sinaloa con 56 y Jalisco con 51.
Estas cifras están en su informe “Una Mirada al Feminicidio en México: agosto-diciembre del 2008”, donde se registra la información de 12 entidades: Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Yucatán, con datos proporcionados por las procuradurías estatales. Algunos estados, como Nuevo León, se negaron a compartir la información por considerarla dato reservado por seguridad estatal.
Si el análisis se basa en la prevalencia de los feminicidios —permitiendo estimar la magnitud del fenómeno de acuerdo con el tamaño de la población estudiada— entonces en 2008 los estados con el mayor número de mujeres y niñas asesinadas por discriminación y odio fueron Morelos (4.6), Sinaloa (4.2), Chihuahua (2.3), Sonora (2.3), Tabasco (2.2) y el Estado de México (2.0). El Distrito Federal (0.7) y Yucatán (0.8) son las entidades con la prevalencia más baja.
La edad de las mujeres víctimas se mantiene en el mismo rango que el observado en el 2007 y el primer semestre de 2008: entre 21 y 40 años de edad (45 por ciento) con 110 homicidios dolosos; en mayores de 40 años se registraron 62 casos (25 por ciento), y en niñas y jóvenes de menos de 20 años hubo 51 casos (21 por ciento). El documento de la OCNF también revela que en 59 por ciento de los casos no se tiene información sobre la relación de la víctima con el victimario, que las mujeres víctimas de sus parejas representan 22 por ciento y las atacadas por algún familiar 11 por ciento. Del total de casos, 14 por ciento eran amas de casa; siete por ciento empleadas; siete por ciento comerciantes o dueñas de su negocio; cinco por ciento estudiantes; cuatro por ciento menores de edad; cuatro por ciento bailarinas transexuales y nueve por ciento profesionistas, trabajadoras domésticas, guardias de seguridad o desempleadas.
La causa de muerte de las mujeres y niñas fue en 65 casos por disparo de arma de fuego; en 40 casos por asfixia y en 44 casos por heridas punzocortantes. Los causados por traumatismo craneoencefálico suman en total 24 casos, y por el uso de la fuerza física 23. En 35 asesinatos se desconoce la causa de muerte. De los cuerpos, 129 fueron localizados en la vía pública o en lugares como centros comerciales, parques y explanadas —13 por ciento—, en lotes baldíos cuatro por ciento y en terrenos de cultivo dos por ciento. Otras 81 mujeres y niñas, la tercera parte de las víctimas, fueron halladas muertas en una casa habitación, y en seis casos más se localizaron en un hoteles.
Las entidades de la República que reportaron mayor número de asesinatos de mujeres cometidos por su pareja o ex pareja íntima fueron el Estado de México (17), Jalisco (8) y Guanajuato (7), Nuevo León (8) y Tasbaco (6).
El feminicidio sin especificar sus causas sigue representando una de las cifras más significativas en la investigación del Observatorio Ciudadano, ya que asciende a 40 por ciento los casos analizados, en los cuales rara vez se registra de manera sistemática y estandarizada la información fundamental de las investigaciones realizadas sobre los hechos, como son datos referentes a las causas y motivos del asesinato, los actos violentos cometidos contra la víctima y la identidad del agresor. (Eugenia Jiménez Cáliz)
