Cristina Kirchner durante la presentación del informe Papel Prensa: la verdad Foto: Leo La Valle/ EFE

A primera vista, parecería por lo menos sorprendente que el gobierno de cualquier país presentara ante las instancias legislativas un proyecto de ley para declarar de utilidad pública la fabricación del papel que usan los periódicos. Sin embargo, si bien se mira, se trata en realidad de una ruta directa hacia el control oficial de los medios impresos críticos. El itinerario que está recorriendo desde hace tiempo la presidenta argentina Cristina Kirchner parece contemplar en un plazo no muy largo una primera estatización de la industria del papel y enseguida la del control de los medios. La ley que estará haciendo llegar muy pronto al Congreso para arrebatar de las manos privadas la producción y distribución del papel y dejar su control en el gobierno avala esta posibilidad. También está el hecho de que la pareja presidencial, Néstor y Cristina Kirchner, no han ocultado nunca su añejo odio contra el diario Clarín, uno de los más serios y críticos contra la gestión de ambos en la Presidencia del país, cada uno en su respectivo turno.

En un diario argentino alguien puso hace días en boca de Néstor Kirchner una malhumorada reflexión formulada hace un par de años: “El poder de un presidente en Argentina es inversamente proporcional al poder de Clarín”. Y resulta en este contexto que 49 por ciento de las acciones de Papel Prensa, la empresa productora de papel que atiende en Argentina las necesidades de 170 diarios, son hasta ahora propiedad de Clarín. El diario La Nación tiene en su poder el 22.5 y el Estado 27.5. El resto son propiedad del periódico La Razón.

Para despojar a los diarios del control del papel, los Kirchner están mandado por delante en los tribunales la acusación de que se habrían hecho de las acciones mediante una turbia operación fabricada por la dictadura militar que encabezó Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1983. El grueso expediente que documenta sus intentos de someter a los medios argentinos, en particular a Clarín, tiene entre sus capítulos la forzada cancelación del contrato de la empresa periodística con la Asociación de Futbol Argentino, que le permitía la trasmisión de los partidos a través de sus canales televisivos. Concibieron luego una ley que, también con Clarín en la mira, prohibía a los consorcios mediáticos la propiedad simultánea de canales de televisión abierta y de cable. Prohibía también que los medios electrónicos superaran 35 por ciento de la audiencia y que sus propietarios controlaran más de 10 licencias de radio y 24 de televisión por cable. Aunque aprobada el año pasado, la ley Kirchner permanece aún en una suerte de limbo jurídico mientras las empresas periodísticas afectadas libran intensas batallas en los tribunales para impedir que entre en vigor.

Sin duda, tras los ataques que ha debido enfrentar en los últimos tiempos Ernestina Herrera, la directora general del Grupo Clarín, acusada de haber recibido en adopción a niños cuyos padres fueron asesinados durante la dictadura militar, se encuentra también la larga mano de los Kirchner. La nueva batalla de los medios argentinos está comenzando ahora en los tribunales y será prolongada. Si Clarín, La Nación y La Razón pierden, serán sin duda aniquilados y los demás medios impresos quedarán al pie del patíbulo, sujetos al capricho de los gobernantes. Habrá que ver hasta dónde llegan la furia y el poder de los Kirchner.

Profesor-investigador de la UAM-I