El aborto en México: el Estado cómplice
Casi 40 mil mujeres del país han abortado en el DF amparadas en la ley local, pero las reformas contra la interrupción legal del embarazo en 17 estados violan los derechos de cientos más y motivan su encarcelamiento.
- 2010-04-25 | Milenio semanal
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El 24 de abril de 2007 la Asamblea Legislativa del DF aprobó una reforma despenalizando en la Ciudad de México el aborto realizado en las primeras 12 semanas de gestación. “Se ha hecho justicia para la salud y la equidad de género. Es una victoria para México y principalmente para las mujeres”, dijo en su momento el entonces secretario de Salud del DF, Manuel Mondragón, que pocos días después organizó los hospitales del DF para que uno de los pilares fundamentales del programa de salud reproductiva fuera la prevención de embarazos no deseados mediante la educación, promoción de la salud, la anticoncepción y prevención de infecciones de transmisión sexual.
Hoy, a tres años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, casi 40 mil mujeres del Distrito Federal y de otros estados de la República han interrumpido sus embarazos sin complicaciones y en condiciones seguras, en hospitales públicos de la Secretaría de Salud del DF. “Me queda claro después de tres años que con voluntad política se pueden lograr grandes cambios en beneficio de las mujeres. Mientras las mujeres toman en sus manos la decisión de interrumpir un embarazo, la vida continúa, sin mayores tropiezos, conviviendo, respetando el verdadero significado de la libertad reproductiva y reconociendo a las mujeres con plenos derechos, incluyendo el derecho a abortar”, dice María Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Desde entonces los hospitales del DF han dejado de recibir mujeres con abortos sépticos; mujeres que llegaban con infecciones generalizadas como consecuencia de abortos en condiciones insalubres.
DOS MÉXICOS
Hoy el país está claramente dividido en dos. Según el lugar de residencia que tengan las mujeres sufrirán o no la amenaza de ir a prisión si deciden abortar. Según el lugar donde vivan tendrán que padecer, o no, dilaciones y negaciones cuando soliciten ayuda para terminar con una gestación no querida. Si bien el 28 de agosto de 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo claramente que la despenalización en el DF es constitucional y que las reformas en el DF protegen los derechos humanos de las mujeres, desde entonces 17 estados han reformado sus constituciones estatales para proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación. Estas reformas estatales orillan a las mujeres a enfrentar la cárcel o procesos judiciales por haber interrumpido embarazos, y no sólo por interrupciones voluntarias, sino por razones vinculadas a las causales permitidas por los códigos penales (en su mayoría, aborto por violación). En agosto pasado, en Puebla, una mujer de 20 años fue procesada luego de que ingresó a un hospital público con hemorragia producto de un aborto. Según autoridades del Hospital de la Mujer, para entonces ya se habían atendido y denunciado a cuatro mujeres por abortos inducidos. Según datos de la Procuraduría de Justicia de Puebla (PJEP), en 2009 se procesó a 30 mujeres por abortos. En Baja California, algo similar le ocurrió a una mujer de 22 años que fue denunciada cuando llegó al Hospital General de Tijuana. En Sonora, según Margarita Bejarano Celaya, del grupo Observatorio por la Paridad y la Equidad, hay siete mujeres procesadas por interrumpir sus embarazos. En Guanajuato, incluso desde antes de la reforma constitucional, alrededor de 130 mujeres habían sido procesadas por aborto. En Veracruz, la titular del Instituto Veracruzano de la Mujer, Martha Mendoza Parissi, reveló que alrededor de 10 mujeres se encontraban recluidas por el delito de homicidio, en su mayoría por haber interrumpido el embarazo, aunque el gobernador de esa entidad las “indultó” en marzo pasado.
LA NIÑA DE QUINTANA ROO
Amalia tiene apenas 11 años y fue violada, al parecer, por su padrastro. El abuso se conoció porque Amalia quedó embarazada, pero en Quintana Roo la ley que le permitiría interrumpir un embarazo por violación no se aplicará. Quienes han estado cerca de la niña y de su mamá aseguran que nadie les informó sobre las tres opciones frente a un embarazo impuesto: interrumpirlo, continuarlo y quedarse con la criatura o continuarlo y dar la criatura en adopción. Tampoco les informaron sobre los riesgos a la salud que puede correr la niña, a esa edad, en caso de continuar con el embarazo. Amalia está recluida en el DIF estatal, donde, aseguran, hay otras niñas en su misma situación. Según el propio secretario de Salud estatal, en 2009 fueron 881 las menores de edad embarazadas a consecuencia de una violación. Y en los primeros meses de 2010 ya suman 459. “En Quintana Roo se violan los derechos humanos: hay violaciones sexuales, violación de los acuerdos internacionales y de leyes nacionales y locales. Existe una alianza entre DIF local y los grupos Provida para impedir que las niñas tengan un destino diferente al de la maternidad impuesta. Y dos años después de parir a sus hijos, esas niñas son abandonadas por esas instituciones y organizaciones”, dice Lydia Cacho, defensora de los derechos de las mujeres.
Tampoco es política estatal proveer anticoncepción de emergencia a las víctimas de violencia sexual, tal y como lo prescribe la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046). Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), ex presidente del DIF nacional e integrante del consejo de UNICEF, fue contundente en relación con los casos de estas niñas violadas y embarazadas: “El Estado es cómplice. Las víctimas en custodia del DIF no encuentran más que una institución que les ofrece desprotección. Los DIF no cumplen las normas oficiales y ante ese incumplimiento, las niñas están en una indefensión total. Son víctimas victimizadas que padecen desprotección social”.
LA ONU CUESTIONA AL ESTADO MEXICANO
El Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, cuestionó al Estado mexicano por las recientes reformas estatales que van en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. “Al Comité le preocupa que el aborto sea aún ilegal en todas las circunstancias conforme a las constituciones de muchos estados”. Al mismo tiempo, instó al gobierno a adecuar las legislaciones estatales para dar cumplimiento a los derechos garantizados en ese Pacto, cuya observancia es obligatoria. Los derechos que deberían respetarse y garantizarse son el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la no discriminación y a la igualdad.
La ONU instó a México a asegurar en todo el territorio la aplicación de la NOM 046, que prevé la prescripción de anticoncepción de emergencia y/o interrupción legal del embarazo a las mujeres violadas y, eventualmente, embarazadas en consecuencia. En México no fue sino hasta febrero de 2009 cuando se actualizó el contenido de la NOM 046, de acuerdo con los compromisos asumidos por el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de Paulina Ramírez, de Mexicali, también menor de edad y víctima de una violación, impedida de realizarse un aborto. Esos compromisos incluyeron la “garantía de no repetición”, es decir, que el Estado garantizaría que no iba a suceder otro caso como el de Paulina.
A través del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA, cinco mujeres llegaron a la Ciudad de México para interrumpir embarazos producto de violaciones que no pudieron realizarse en sus estados. Son mujeres de Guerrero, Veracruz y Colima, que aunque denunciaron la violación se enfrentaron a agentes del Ministerio Público que hicieron lo posible para retrasar los trámites. Lo que han logrado las reformas estatales ha sido exponer aún más la vida y la salud de las mujeres, quienes ante la desesperación por interrumpir embarazos no deseados se someten a prácticas inseguras y clandestinas; se ha logrado así dividir al país en dos territorios claramente diferenciados: uno en el que los derechos de las mujeres se respetan y, otro —otros— en el que los cuerpos de las mujeres son campo de batalla entre grupos de poder.
Fondo MARÍA
Alrededor de 476 mujeres de varios estados de la República han contado con el apoyo del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARÍA, para poder realizarse la interrupción legal del embarazo (ILE) en el DF. Oriana López, coordinadora operativa de este fondo que empezó a operar en junio de 2009, explicó que los apoyos pueden ser directos o indirectos. El 88 por ciento de esos apoyos fue para mujeres de 15 a 30 años, aunque hubo casos de niñas de 12 años y de mujeres de 46 años.
Del total, 418 fueron apoyos indirectos a mujeres vulnerables que ya están en la Ciudad de México solicitando una interrupción de sus embarazos. “La mayoría de las mujeres de los estados llegan a los servicios del DF sin conocer los requisitos que deben cumplir para acceder a una ILE, y sin comer, durmiendo en la calle. Entonces el apoyo es para dormir en hoteles cerca del centro de salud, alimentación (desayuno y comida), jugos para después de los análisis y complemento alimenticio. Muchas veces el apoyo también es para que estas mujeres puedan regresar a sus casas”.
Si lo requieren, hay voluntarias del Fondo MARÍA que hacen acompañamiento. Además, la organización tiene una psicóloga que atiende por teléfono y un espacio para orientación (telefónico o presencial). Dice Oriana López: “Un país es injusto cuando en una parte se tienen más derechos que en otra. Para nosotras es muy importante ver la diversidad de mujeres que requieren este servicio y ejercen este derecho —hay migrantes, amas de casa, estudiantes, solteras, casadas, religiosas, ateas— lo que rompe con los estereotipos de las mujeres que abortan. Hemos descubierto que el simple hecho de poder hablar abiertamente de la ILE ya es un apoyo para las mujeres”.
Cifras de interrupciones en el DF
En tres años casi 40 mil mujeres accedieron a una interrupción legal del embarazo (ILE).
Del total, 5.3% fueron menores de edad.
El 20% llegó del Estado de México
y 2.7% de otros estados de la República.
El 84% de esas mujeres se declaró católica;
16% era casada,
25% en unión libre y
56% soltera.
El 20% de las mujeres son universitarias,
30% tiene preparatoria completa
y otro 30% completó la secundaria.
El 39% eran amas de casa;
el 27% estudiantes y el resto declaró tener alguna otra ocupación (profesionistas, empleadas, comerciantes).
La mayoría de las interrupciones 70% por ciento se realizó sólo con medicamentos. En porcentajes bastante pequeños hizo falta completar el procedimiento en hospitales y centros de salud públicos.
El 1% presentó alguna complicación que se solucionó adecuadamente.
